El Gobierno implementó un nuevo régimen de control para la adquisición de armas semiautomáticas, permitiendo su tenencia bajo condiciones especiales. La medida reemplaza una normativa de 1995 y establece criterios más flexibles para los usuarios legítimos.

A través del Decreto 397/2025, el Gobierno nacional estableció un nuevo régimen de control especial para permitir la adquisición y tenencia de armas semiautomáticas. Esta normativa, que busca flexibilizar las restricciones previas, habilita a ciertos usuarios a acceder a armamento de características similares a las de uso militar.

La decisión se fundamenta en la necesidad de reevaluar los mecanismos de control de armas que habían estado vigentes durante más de 30 años. Con esta medida, el Ejecutivo pretende actualizar las políticas en torno a la adquisición de armas de fuego semiautomáticas que, según argumentan, “resulta necesario reevaluar los mecanismos dispuestos para su control”, citando que las condiciones actuales ya no son adecuadas para los tiempos modernos.

El Decreto 397/2025 establece que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) será el organismo encargado de aplicar este nuevo sistema de control, que regirá para aquellas personas que deseen adquirir armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, similares a fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto.

Autorización especial para la adquisición de armamento de uso militar

El texto del Decreto establece que el presidente Javier Milei, junto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, firman la implementación de un régimen de autorización especial. Según se detalla en el documento oficial, este régimen se aplicará a los «actos de adquisición y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR».

Además, la normativa estipula que solo legítimos usuarios de armas de fuego podrán acceder a estos permisos, y deberán acreditar probados usos deportivos y cumplir con las demás condiciones objetivas establecidas por la Anmac. Esta medida reemplaza la reglamentación del Decreto N° 64 del 17 de enero de 1995, que prohibía el uso y acceso a este tipo de armamento.

Según se indicó, este cambio busca dar más flexibilidad a los usuarios que cumplen con las condiciones establecidas para la tenencia de estas armas.

Revisión de la normativa histórica y medidas anteriores del Gobierno

El Gobierno justificó la reforma destacando que el Decreto 64 que estaba en vigor data de más de 30 años, lo que hace necesario “reevaluar los mecanismos de control” de armas en función de los nuevos tiempos. De acuerdo con la justificación oficial, los criterios de seguridad pública y la necesidad de balancear el acceso con la seguridad común son elementos que deben ser revisados.

“Durante más de 30 años, el ex Registro Nacional de Armas y la Anmac han elaborado una profusa doctrina administrativa en torno a las eventuales autorizaciones que, bajo un régimen de excepción al principio de prohibición general, ha experimentado variaciones a lo largo de su aplicación”, señaló el comunicado. Este enfoque, según el Gobierno, ha llevado a la aplicación de criterios más restrictivos en las últimas décadas, lo que ahora se busca modificar.

En cuanto a otros cambios recientes en la legislación sobre armas, el Gobierno ha estado introduciendo modificaciones significativas. A principios de este año, el Ejecutivo lanzó el sistema Tenencia Express, una plataforma digital que permite agilizar el proceso de adquisición de armas tanto para civiles como para miembros de las fuerzas armadas, de seguridad y el servicio penitenciario. Además, en diciembre pasado, se redujo de 21 a 18 años la edad mínima para adquirir un arma, modificando una norma vigente desde 1973.

Fuente: El Once (Con información de Boletín Oficial y La Nación)

Funcionaria pública y empresarios involucrados en una investigación que podría involucrar más de 100 millones de pesos.

Una investigación revela una posible trama de corrupción en la provisión de alimentos para comedores escolares en Concordia, Entre Ríos. La funcionaria pública Silvina Murúa, designada para coordinar los comedores escolares, está en el centro de la investigación por presunto desvío de fondos públicos.

Empresarios involucrados

– Iñaki Partarrié, joven empresario que presentó su empresa «Ahora Voy» SRL en medios locales, se convirtió en uno de los principales proveedores del sistema de comedores escolares de Concordia.

– Martín Partarrié, padre de Iñaki, maneja Partarrié Distribuciones SAS, que provee alimentos secos a comedores dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano de Concordia.

Contrataciones y licitaciones

– «Ahora Voy» SRL facturó unos 90 millones de pesos en los últimos tres meses por la provisión de carne de pollo, pan y alimentos frescos para comedores escolares.

– Partarrié Distribuciones SAS facturó más de 400 millones de pesos al Estado local en el último año y medio por la provisión de alimentos secos.

Posible esquema de corrupción

– La investigación sugiere que Murúa podría haber direccionado las compras hacia proveedores específicos, incluyendo a los Partarrié.

– Los audios filtrados sugieren que Iñaki Partarrié podría haber entregado dinero a Murúa, quien habría reclamado un faltante de dinero en unos fajos de billetes.

Consecuencias

– La investigación podría involucrar más de 100 millones de pesos en fondos públicos desviados.

– La Dirección Departamental de Escuelas y la Fiscalía de Estado de Entre Ríos podrían tomar medidas más contundentes en torno al caso.

Fuente: Infopaer

Un grupo de diputados del bloque Justicialista de la Cámara de Diputados de Entre Ríos presentó un proyecto de declaración en el que expresan su profunda preocupación por el inminente cierre de 60 centros educativos en diversos departamentos de la provincia. La medida, que afectaría a más de 15 departamentos, comprometería la continuidad pedagógica de los estudiantes y la estabilidad docente.

La voz de la diputada Silvina Decco

La autora del proyecto, la diputada Silvina Decco, destacó que el cierre de estos centros educativos no solo limita el acceso a la alfabetización y la continuidad educativa, sino que también vulnera derechos básicos y profundiza desigualdades. «Cerrar estos centros implica abandonar a cientos de jóvenes y adultos que buscan, a través de la educación, mejores condiciones de vida y una participación plena en la sociedad», afirmó.

La posición del Consejo General de Educación

Según el Consejo General de Educación (CGE), la medida se enmarca en una «refuncionalización» de los centros educativos con escasa matrícula para optimizar recursos y eficientizar procesos. Sin embargo, los diputados justicialistas sostienen que esta medida afecta el principio de estabilidad docente y el derecho constitucional al trabajo y a la educación.

Consecuencias para la comunidad

– Afectación a la continuidad pedagógica de los estudiantes

– Inestabilidad docente y vulneración de derechos laborales

– Limitación del acceso a la alfabetización y la continuidad educativa

– Profundización de desigualdades y riesgo de exclusión social

Petición de los diputados

Los diputados justicialistas instan al Consejo General de Educación a intervenir y arbitrar las medidas necesarias para preservar la continuidad de las instituciones educativas esenciales. La legisladora Silvina Decco enfatizó que es indispensable garantizar la modalidad presencial del sistema educativo para adolescentes, jóvenes y adultos que no hayan completado la escolaridad obligatoria.

Fuente: Infopaer