El peronismo del departamento Feliciano reclamó públicamente que la senadora Gladys Domínguez renuncie a su banca, luego de que este miércoles anunciara su alejamiento del bloque Más para Entre Ríos. Dirigentes locales consideraron que el escaño le pertenece al partido por el cual fue electa y, por lo tanto, Domínguez debería dejar su lugar en la Cámara Alta.

La legisladora, oriunda de Feliciano, justificó su decisión alegando haber sido víctima de “persecución y destrato” por parte de sus compañeros de bloque. Sin embargo, desde el PJ local sostienen que su salida contradice el mandato que recibió de la ciudadanía bajo las banderas del peronismo.

La ruptura se produjo casi un mes después de la votación en el Senado de la ley que creó la nueva Obra Social de Entre Ríos (Oser), en reemplazo del Iosper. En ese debate, Domínguez se abstuvo de votar, al igual que la senadora Nancy Miranda (Federal), lo que dejó al peronismo en minoría con siete votos frente a los ocho de Juntos.

Desde el peronismo departamental insisten en que el accionar de Domínguez no solo debilitó políticamente al bloque, sino que ahora compromete la representación genuina del proyecto político que la llevó al cargo.

Este miércoles por la noche, el Consejo Departamental Justicialista repudió el alejamiento de Domínguez y la tildó de traidora. «Consideramos una profunda traición al pueblo lo anunciado por la senadora Domínguez. Dicha decisión no hace más que perjudicar una vez más al Partido Justicialista, que sin su estructura hoy no tendría banca alguna, siendo gracias al movimiento justicialista local, que después de las internas, la llevó a la victoria», comenzaron.

«Los compañeros y compañeras consideramos que la decisión de dejar el bloque es errónea desde su perspectiva buscar victimizarse, es más no debería dar un paso al costado, sino renunciar a la banca ya que corresponde al partido por el cual fue electa», agregaron.

«En todo caso, si tiene diferencias de principios o crisis en sus ‘valores partidarios’, debería reflexionar al respecto, pero no cercenar al movimiento que a través de sus militantes logró el lugar que hoy ocupa. La despolitizacion, la crisis de representatividad, el descreimiento en los dirigentes políticos son producto de estás decisiones irresponsables que no hacen más que lesionar y erosionar la confianza de la gente y de los militantes que son la garantía de la clase dirigencial. Que estás acciones sean condenadas por el pueblo peronista y por aquellas personas independientes que, confiados en su discurso, depositaron el voto ilusionados», finalizaron.

Fuente: La Sexta

El Honorable Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos resolvió por mayoría destituir a la jueza Josefina Etienot, titular del Juzgado de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Diamante, por violencia laboral. La decisión se basó en la causal de mal desempeño y se consideró que la conducta de la magistrada estaba incursa en los parámetros que establecen los incisos 6 y 9 del art. 15 de la Ley N° 9283.

Fundamentos de la Decisión

El Jurado de Enjuiciamiento consideró que a lo largo del desarrollo de la causa quedó demostrado que la magistrada denunciada incurrió en diversos incumplimientos de sus deberes. Se destacó que la causal de violencia laboral es la que motivó su destitución, ya que se probó el ambiente violento generado por Etienot y su impacto emocional en las víctimas y en el servicio de justicia.

Votos y Disidencias

La mayoría del Jurado estuvo compuesta por todos los integrantes del organismo, excepto el vocal del STJ, Miguel Ángel Giorgio, quien votó por la absolución. La jurado María Victoria Giménez fijó su disidencia al considerar que otra de las imputaciones también debía ser motivo de destitución de Etienot.

Consecuencias y Impacto

La destitución de la jueza Josefina Etienot es un paso importante para garantizar la idoneidad y la buena conducta de los magistrados en la provincia de Entre Ríos. La decisión del Jurado de Enjuiciamiento envía un mensaje claro sobre la importancia de respetar los derechos y la dignidad de las personas que interactúan con el sistema de justicia.

Fuente: Infopaer

El Gobierno implementó un nuevo régimen de control para la adquisición de armas semiautomáticas, permitiendo su tenencia bajo condiciones especiales. La medida reemplaza una normativa de 1995 y establece criterios más flexibles para los usuarios legítimos.

A través del Decreto 397/2025, el Gobierno nacional estableció un nuevo régimen de control especial para permitir la adquisición y tenencia de armas semiautomáticas. Esta normativa, que busca flexibilizar las restricciones previas, habilita a ciertos usuarios a acceder a armamento de características similares a las de uso militar.

La decisión se fundamenta en la necesidad de reevaluar los mecanismos de control de armas que habían estado vigentes durante más de 30 años. Con esta medida, el Ejecutivo pretende actualizar las políticas en torno a la adquisición de armas de fuego semiautomáticas que, según argumentan, “resulta necesario reevaluar los mecanismos dispuestos para su control”, citando que las condiciones actuales ya no son adecuadas para los tiempos modernos.

El Decreto 397/2025 establece que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) será el organismo encargado de aplicar este nuevo sistema de control, que regirá para aquellas personas que deseen adquirir armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, similares a fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto.

Autorización especial para la adquisición de armamento de uso militar

El texto del Decreto establece que el presidente Javier Milei, junto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, firman la implementación de un régimen de autorización especial. Según se detalla en el documento oficial, este régimen se aplicará a los «actos de adquisición y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR».

Además, la normativa estipula que solo legítimos usuarios de armas de fuego podrán acceder a estos permisos, y deberán acreditar probados usos deportivos y cumplir con las demás condiciones objetivas establecidas por la Anmac. Esta medida reemplaza la reglamentación del Decreto N° 64 del 17 de enero de 1995, que prohibía el uso y acceso a este tipo de armamento.

Según se indicó, este cambio busca dar más flexibilidad a los usuarios que cumplen con las condiciones establecidas para la tenencia de estas armas.

Revisión de la normativa histórica y medidas anteriores del Gobierno

El Gobierno justificó la reforma destacando que el Decreto 64 que estaba en vigor data de más de 30 años, lo que hace necesario “reevaluar los mecanismos de control” de armas en función de los nuevos tiempos. De acuerdo con la justificación oficial, los criterios de seguridad pública y la necesidad de balancear el acceso con la seguridad común son elementos que deben ser revisados.

“Durante más de 30 años, el ex Registro Nacional de Armas y la Anmac han elaborado una profusa doctrina administrativa en torno a las eventuales autorizaciones que, bajo un régimen de excepción al principio de prohibición general, ha experimentado variaciones a lo largo de su aplicación”, señaló el comunicado. Este enfoque, según el Gobierno, ha llevado a la aplicación de criterios más restrictivos en las últimas décadas, lo que ahora se busca modificar.

En cuanto a otros cambios recientes en la legislación sobre armas, el Gobierno ha estado introduciendo modificaciones significativas. A principios de este año, el Ejecutivo lanzó el sistema Tenencia Express, una plataforma digital que permite agilizar el proceso de adquisición de armas tanto para civiles como para miembros de las fuerzas armadas, de seguridad y el servicio penitenciario. Además, en diciembre pasado, se redujo de 21 a 18 años la edad mínima para adquirir un arma, modificando una norma vigente desde 1973.

Fuente: El Once (Con información de Boletín Oficial y La Nación)