Este miércoles 2 de octubre, siendo las 10:40 aproximadamente, personal de la División Investigaciones de esta Jefatura procedió a la aprehensión de un masculino de 46 años, en el marco de una orden de captura vigente desde diciembre de 2019.

El procedimiento tuvo lugar en el Barrio Los Mirasoles de La Paz, donde el individuo fue identificado como un residente temporal en un camión estacionado en la vía pública.

El masculino es requerido por el Juzgado de Garantías y Transición de esta ciudad, vinculado a una causa iniciada en el año 2019. Tras su detención, fue trasladado a la Jefatura Departamental para los trámites correspondientes, quedando a disposición de la Justicia. Informaron desde la División de Investigaciones de la Jefatura departamental La Paz.

Fuente: Infopaer

La policía logró capturar a un hombre de 31 años, presunto autor del hurto de un celular marca Nokia, color negro, en un local comercial en la ciudad de Santa Elena.

Según fuentes policiales, el sospechoso aprovechó un descuido del dueño del establecimiento para sustraer el dispositivo del mostrador y darse a la fuga. Sin embargo, los uniformados lograron interceptarlo en el Barrio Santa Marta, donde el celular fue hallado entre sus pertenencias.

La Fiscalía en turno dispuso la detención y traslado del sospechoso a la Jefatura Departamental La Paz, donde se realizaron los antecedentes correspondientes y fue revisado por el médico policial.

Fuente: Diario La Paz

En una audiencia celebrada el 18 de septiembre, la defensora oficial, Nadia Musante, solicitó alternativas a la prisión preventiva, incluyendo la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, sugiriendo que se le restrinja la entrada a Bovril. La propuesta fue rechazada por el fiscal Facundo Barbosa y por el abogado querellante Marcos Rodríguez Allende, argumentando que existe riesgo de fuga y de intimidación a testigos.

Por caso, el querellante había argumentado que la excarcelación del imputado podría poner en riesgo la investigación. «Estamos esperando producir otro tipo de pruebas que resulten importantes, la investigación no está terminada. Por eso entiendo que la medida dictada por el juez de Garantías es una medida absolutamente razonable. Es un hecho que acaeció hace pocos meses, así que las medidas alternativas que ha propuesto la defensa oficial no neutralizan ni tan siquiera relativamente esta propuesta de una prisión domiciliaria en un domicilio de Paraná y la prohibición de acercarse a Bovril, no alcanza», expresó durante la audiencia. 

En tanto, el fiscal había dicho: «Existen peligros procesales. El más importante es el riesgo de fuga. Quiero señalar que, como indicio se cuenta con la partida del señor desde Bovril hacia Paraná y luego a provincia de Buenos Aires. Eso ocurrió la misma mañana que tiene lugar el homicidio de Curá. A este comportamiento le sigue el ocultamiento digital, consistiendo en el abandono y cese de utilización de la línea telefónica que él usaba hasta antes de la comisión del hecho. Son indicios claros de riesgo de fuga».

Finalmente, tras unos días de evaluar las posturas de las partes, el juez Brugo confirmó la preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. «Rosales va a seguir con prisión preventiva al menos hasta el eventual juicio», dijo el abogado Rodríguez Allende.

EL CASO Y LOS DEMÁS IMPUTADOS

El ex juez Curá, de 82 años, fue encontrado atado de pies y manos en el baño del quincho de su casa, ubicada en calle Eva Perón. El descubrimiento del cuerpo fue realizado por su esposa, quien inmediatamente notificó a la Policía. La brutalidad del crimen generó una rápida movilización de las autoridades.

48 horas después del brutal hecho de sangre, la Policía detuvo a Luis Alberto Díaz y Claudio Andrés Martínez, quienes hoy se encuentran con arresto domiciliario. En tanto, el 2 de mayo se concretó el arresto de Rosales, quien fue encontrado en una finca en Bajada Grande, en la capital entrerriana. Desde entonces se encuentra en la Unidad Penal N° 1.

Semanas después, la Unidad Fiscal de La Paz imputó a dos personas más, padre e hijo, de apellido Huici, por el presunto delito de encubrimiento. Se trata de personas conocidas de la localidad del departamento La Paz. Uno de ellos fue quien le alquiló una habitación al principal acusado y, tras el homicidio, lo trasladó a Paraná.

Cabe recordar que Rosales, de 67 años, principal acusado del homicidio, tiene un antecedente penal: fue condenado en 2007 por un robo calificado. La sentencia la dictó un Tribunal de Mercedes de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la pena la comenzó a cumplir recién en 2015, ya que se había profugado de la Justicia. El hombre estuvo libre ocho años hasta que fue encontrado por la policía en agosto de 2015 en San Benito.

Autor: Gonzalo Núñez-Diario UNO.

Fuente: La Sexta