Un mapa interactivo muestra que tres departamentos de Entre Ríos concentran altos niveles de tierras en manos extranjeras. El relevamiento fue realizado por el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores de la UBA y el Conicet.

Un relevamiento del Observatorio de Tierras, que reúne a investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, advierte que 13 millones de hectáreas están en manos extranjeras. El estudio detecta niveles críticos en departamentos de Santa Fe y Entre Ríos y señala una entrega sistemática de recursos estratégicos, como agua dulce y minerales, en medio del intento oficial de modificar la Ley de Tierras y habilitar la producción en zonas incendiadas.

En los comentarios al relevamiento, que difundió el diario Uno, se hace notar que el Gobierno nacional envió un proyecto de modificación drástica de la llamada Ley de Tierras (26.737) que permite la producción en terrenos arrasados por el fuego y libera la venta a extranjeros de suelo argentino. Esto ocurre en el contexto de los incendios en la Patagonia y la avanzada de la administración estadounidense de Donald Trump sobre los recursos naturales de América Latina.

El observatorio presentó un mapa interactivo que desnuda una realidad poco visibilizada: la constante entrega a extranjeros de territorios clave con acceso a agua dulce, minerales y nodos logísticos. En Entre Ríos, los departamentos de Gualeguay, Concordia y La Paz se ubican por encima del promedio nacional de extranjerización.

El mapa interactivo fue desarrollado por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin, ambos becarios del Conicet, integrantes del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y del Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (Milpa). Según el informe, aproximadamente el 5% del territorio nacional está en manos de firmas o estados extranjeros. Ese porcentaje representa más de 13 millones de hectáreas, una extensión equivalente a la superficie total de Inglaterra.

Los investigadores advierten que el enfoque oficial, según el cual ninguna provincia incumple el límite del 15% de extranjerización, resulta engañoso. Al analizar los datos departamento por departamento, el escenario cambia de manera significativa: existen 36 distritos que ya superan el límite legal establecido por la norma vigente.

En Entre Ríos, tres departamentos superan el promedio nacional del 5%. Se trata de La Paz, con un 9%, lo que equivale a 56.636,41 hectáreas en manos de extranjeros; Gualeguay, también con un 9%, que representa 57.043,59 hectáreas extranjerizadas; y Concordia, con un 6%, es decir, 17.864,55 hectáreas.

Un proceso con historia

En Santa Fe, el departamento de Garay aparece como un caso emblemático. Allí, del total de 391.776,85 hectáreas, 61.629,59 están en manos extranjeras, lo que representa un 16% de su superficie.

El mapa interactivo muestra que la extranjerización no se distribuye de manera aleatoria, sino que se concentra en zonas con recursos de alto valor estratégico en un contexto de crisis climática y energética global. Los departamentos de Lacar, en Neuquén; General Lamadrid, en La Rioja; y Molinos y San Carlos, en Salta, superan el 50% de su superficie en manos foráneas. A su vez, localidades ubicadas a la vera del río Paraná, como Iguazú en Misiones, Ituzaingó en Corrientes y Campana en la provincia de Buenos Aires, superan el 30%.

En cuanto al origen de los propietarios, Estados Unidos encabeza el ranking con 2,7 millones de hectáreas en manos de ciudadanos o empresas de ese país. Le siguen Italia y España. “Solo estas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada. Para dimensionarlo: los estadounidenses poseen una superficie mayor que la provincia de Tucumán”, señala el informe. “No es una cuestión ideológica, sino de defensa de las capacidades del Estado. El patrón es claro: las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas y territorios con recursos hídricos o minerales”, explicó Caggiano.

El informe también repasa los antecedentes históricos del proceso y señala que un punto de quiebre “en el proceso contemporáneo de extranjerización de tierras se produjo a fines de los años noventa”. En ese sentido, recuerda que en 1996 el gobierno de Carlos Menem creó la Secretaría de Seguridad Interior (SSI), que asumió funciones que pertenecían a la Superintendencia Nacional de Fronteras. En sus primeros años, la SSI autorizó la venta de más de 8 millones de hectáreas en zonas de seguridad fronteriza.

Esas áreas estaban protegidas por el decreto 15.385 de 1944, que establecía su venta exclusivamente a ciudadanos argentinos. Sin embargo, esa normativa “fue ampliamente vulnerada en la década de los noventa con ventas irregulares y triangulaciones”, detalla el estudio. Entre los casos emblemáticos se mencionan el de Lago Escondido, en Río Negro, adquirido por el magnate británico Joe Lewis, y el de las tierras patagónicas compradas por el empresario italiano Luciano Benetton a través de la Compañía de Tierras del Sud Argentino.

La Ley de Tierras, sancionada en 2011 para frenar la especulación tras el “boom” de los commodities, fue objeto de reiterados intentos de flexibilización. Tras el freno judicial al DNU 70/2023 a partir de un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata, el Ejecutivo de Javier Milei impulsó una vía política a través del Consejo de Mayo, que aprobó cambios relevantes.

Para los especialistas, la derogación o modificación de la norma no apunta a atraer inversiones productivas, sino a facilitar la captura de bienes comunes no reproducibles. Señalan que casos como el de Malargüe, en Mendoza, donde la extranjerización del 15% coincide con 18 nuevos proyectos mineros, anticipan un aumento de la conflictividad social si el Estado abandona su rol de control. “Si uno empieza a cruzar estos datos con las inversiones de mineras extranjeras, empieza a aparecer el problema de la conflictividad social. Por eso creemos que el mapa es útil”, explicó Oberlin.

Los investigadores también contextualizan el fenómeno en el avance de Estados Unidos sobre los recursos naturales de América Latina y el reimpulso de la doctrina Monroe. En ese marco, sostienen que el cambio en la estrategia estadounidense a nivel regional puede leerse como una redefinición de “quién controla territorios clave hacia adelante”. El caso reciente de Venezuela, con la toma de posesión del petróleo por parte de empresas estadounidenses, es citado como ejemplo.

En este escenario, advierten que permitir la expansión extranjera sin límites sobre acuíferos que abastecen a millones de personas o sobre zonas cordilleranas con minerales críticos reduce de manera drástica la soberanía argentina. En un mundo donde el agua dulce y la energía se consolidan como ejes centrales del conflicto internacional, la información producida por el Observatorio de Tierras funciona como un llamado de alerta: “Desarmar las protecciones existentes reconfigura quién decide, quién accede y quién queda afuera en algunos de los espacios más sensibles del país”.

Fuente: Diario La Paz/Diario Uno